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El CERMI apela a la voluntad política del Gobierno para cambiar la normativa actual a favor de la discapacidad

"La gran parte de nuestras reivindicaciones en materia de derechos y acceso a la Justicia no tiene coste”, afirma Luis Cayo Pérez Bueno

01/08/2012

El presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, apela a la voluntad política del Gobierno para asumir los cambios normativos que necesita la discapacidad para ser más visible y subraya que “la gran parte de nuestras reivindicaciones en materia de derechos y acceso a la Justicia no tiene coste, es pura regulación y un cambio de modelo sin repercusión económica importante”.

En una entrevista publicada en el periódico digital Diariojurídico.com, Pérez Bueno hace referencia al encuentro mantenido este martes, día 31 de julio, con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

“Queremos reivindicar nuestros derechos en un momento tan complejo como es esta crisis ante esta institución que tiene la potestad legislativa de cambiar la normativa actual”, puntualiza, ya que, según explica, ante los ajustes aprobados por el Gobierno, “ahora hay más retroceso para la discapacidad en todas las cuestiones reguladas”.

“Cuando las cosas vienen mal, económicamente somos aún más vulnerables y acusamos más esos golpes que mejor aguanta la ciudadanía”, indica el presidente del CERMI, quien muestra su “preocupación” por esta “situación de regresión”, ya que, según él, “puede condenarnos a estar de forma crónica ahí”.

También manifiesta que espera que Gallardón sea consecuente cuando afirma que “la discapacidad no puede ser una merma de derechos” y que evite así las restricciones de derechos que se están produciendo en las personas con discapacidad.

Según expone Pérez Bueno, hay personas con discapacidad que no pueden votar en una democracia por una sentencia que les priva de ese derecho al estar incapacitados, hay niñas y niños con discapacidades que están obligados a ir a escuelas específicas, “diferentes de las normales”, o hay mujeres con discapacidad que pueden llegar a ser esterilizadas “sin su consentimiento”.

En relación al acceso a la Justicia de las personas con discapacidad, el presidente del CERMI afirma que “deseamos una justicia abierta, que tenga en cuenta a las personas con discapacidad”, para lo que es “fundamental” medidas de acción positiva.

En el marco del replanteamiento por parte del Gobierno de la justicia gratuita, en su opinión, “creemos que por nuestros ingresos, por debajo de la media de la población, somos candidatos a la Justicia gratuita porque, incluso, la necesitamos más que otras personas para defender nuestros derechos”. “Es el momento de que la abra a nuestro sector”, añade.

Derecho especializado en discapacidad

Para él, de esta forma, se podrá generalizar el turno de oficio especializado en derechos de discapacidad, “fundamental para proteger nuestros intereses”, y aunque en el Colegio de Madrid haya uno, “es necesario potenciarlo y extenderlo al máximo”. “Es curioso, hay muchas especialidades en el Derecho, pero ninguna centrada en la discapacidad, pese a que somos el 10% de la población española”, señala.

Además, afirma que los operadores jurídicos “deben darse cuenta” de que tratar los asuntos legales de forma regular de las personas con discapacidad “puede ser una línea de acción para su negocio”. “Si se especializan y son más accesibles, estoy convencido que un colectivo como el de los abogados puede tener más negocio a medio plazo”, apunta.

En este sentido, ha resaltado el trabajo del Foro Justicia y Discapacidad -que engloba a todos los organismos públicos con decisión en el ámbito de la Justicia, a las entidades jurídicas y al propio CERMI -, que, aunque no ha aportado resultados inmediatos, sí ha servido para crear un estado de opinión y poner en la agenda de la justicia y de los propios operadores jurídicos el tema de la discapacidad como “tema no resuelto”.

Entre las reformas anunciadas por el ministro de Justicia, el presidente del CERMI opina que es “fundamental” volver a adaptar la normativa a la Convención de la ONU, según la cual, las personas con discapacidad tienen la misma capacidad jurídica que el resto. Por ello, el CERMI opina que, en el ámbito del derecho civil, “hay que acabar con las incapacitaciones judiciales y los sistemas de representación legal que sustituyen a la persona con discapacidad”.

“Es complicado romper con este sistema para ir a otro nuevo que se base sobre todo en el apoyo a la toma de decisiones. No hay que privarles de que la tomen sino que hay que ayudarles a que lo hagan por sus medios hasta el máximo grado de autonomía que tengan. Eso supone cambiar el Código Civil y la propia Ley de Enjuiciamiento Civil”, manifiesta.

Otra de las demandas del CERMI, en este sentido, es la modificación de la Ley del Jurado, que ahora excluye a las personas con discapacidad para formar parte del jurado, “en lugar de ofrecerles los medios adecuados para poder integrarse”. “Pensamos que es una discriminación”, destaca.

En el plano penal, el CERMI muestra su “preocupación” en el caso de los internamientos forzosos en establecimientos de tipo psiquiátrico por esa discapacidad, ya que, según explica su presidente, “esas personas que no han cometido un delito tienen menos garantías jurídicas que alguien que sí que lo cometió”.

“Todo nuestro trabajo tiene un trasfondo importante de visibilidad como un grupo vivo que puede aportar mucho a la sociedad”, concluye.